Hace pocas semanas, leía en el diario que en Córdoba tres menores apresados luego de asaltar y torturar a una pareja de ancianos eran los responsables de innumerables delitos similares en la zona, cuando desde una foto, aferrado a su cachorro, el rostro amable de Matías Bragagnolo me miraba. Un padre quebrado intentaba perdonar, todavía no sabía a quién, y repudiaba claramente al primer corresponsable de tanta vida destruida, "el sistema".

Volví a estremecerme junto a la sociedad. Sabemos que la muerte es el fin de las oportunidades de la vida, y la muerte violenta de un joven es el arrebato de ese derecho esencial. En el breve espacio que me permite un periódico, me propuse hacer una síntesis de este "sistema irresponsable" en el cual se desenvuelven nuestros jóvenes hoy.

El Estado no actualiza las cifras delictivas, aun así, algunas son más que elocuentes. Más del 70% de los crímenes violentos son cometidos por hombres jóvenes y más del 50% de las víctimas también son jóvenes. A los Tribunales Orales de Menores ingresan 400 causas promedio por año contra 150 de los Tribunales Ordinarios (Justicia Nacional, año 2005). La de los 18 años es la edad con mayor número de sentencias condenatorias (10,17%). Entre los menores de edad condenados, un 67% portaba armas de fuego y un 13%, armas blancas. El 30% de los menores delinquió en el barrio donde vivía y un 70%, en otro barrio. Un 26% aceptó que estaba bajo los efectos de drogas y alcohol al momento de delinquir. El 93% es de nacionalidad argentina (Ministerio de Justicia). Un 80% de los jóvenes institucionalizados ha tenido contacto con la droga (Consejo Provincial); simultáneamente, queda libre el 70% de los detenidos por vender droga. Cuatro de cada diez emergencias en hospitales públicos son por consumo de alcohol o drogas (Sedronar). El 84% de los jóvenes no confía en la Justicia.

Los argentinos sufrimos, recientemente, dos escenarios superpuestos: la crisis económica, que llevó a una parte importante de la población joven a la marginalidad, y la crisis de los tres principales ámbitos de integración de las personas, la familia, la escuela y el trabajo.

"El ser humano necesita configurar su identidad con los valores e ideales transmitidos por la familia, si no, no puede desarrollarse con principios ni ética", afirma María Isabel Díaz, psicóloga forense. Simultáneamente, el efecto de los medios de difusión en los jóvenes, con su apología del consumismo desconectado del trabajo y de la transgresión sin penalización, conformaron una nueva cultura.

La ostentación de riquezas mal habidas, la manipulación de las fuerzas del orden, la cooptación política mediante el clientelismo y el deterioro del comportamiento inundan el mensaje con su apología del más fuerte e inescrupuloso por sobre los ciudadanos que respetan la ley. La lógica del delincuente joven asocia consumo (robo para salir, para tener el último modelo de zapatillas, para comprar alcohol o droga, para disfrutar de lo que me propone la TV, etcétera) rápido, sin responsabilidad, llegando a extremos donde si la vida del victimario vale poco, la de su víctima menos aún.

En la vida urbana, un creciente escepticismo sobre la obtención de justicia multiplica el accionar violento para dirimir toda clase de conflictos, públicos, privados, sectoriales y político-partidarios. Violencia como arma de acción, persuasión o simple morbosidad.

La teoría de los "cristales rotos" y la evidencia empírica ya habían demostrado que la ausencia de reprobación y castigo a los delitos menores constituye, en muchos casos, el primer paso para el incremento de la criminalidad y conduce al accionar de grupos que se basan en la coerción y el temor, la mafia y la patota. Esta última, agrupa a jóvenes de diversa condición socioeconómica, mimetizados en antisentimientos: no se desea, se envidia; no se procura, se arrebata; no se dialoga, se amenaza; se une para destruir.

Una patota así condujo a la muerte a Matías Bragagnolo, de 16 años. El escenario de su muerte sintetiza todas las aberraciones del sistema de protección a los ciudadanos. La patota vandalizaba sistemáticamente alrededor del boliche donde los jóvenes iban a bailar. Numerosas denuncias de los responsables a las autoridades fueron desestimadas: "son menores". Entre esos menores había chicos con antecedentes penales y chicos que actuaban de espectadores y acorraladores de la víctima, la claque que grita "matalo, matalo, hacelo de goma...", la que envalentona a los agresores y luego, cobarde, alega: "Yo miraba y ni lo toqué...".
La zona del quiosco donde se encontraron con Matías y sus amigos parecía "liberada", ya que la acción de los patoteros era habitual, según otras denuncias, y la acción preventiva, nula. El comportamiento del policía que intervino demuestra, en el mejor de los casos, una falta total de preparación y responsabilidad profesional y, en el peor, una connivencia con los posibles delitos de la patota (robo y pase de drogas) aún sin aclarar. No contaban con la voluntad de justicia de un padre.
Aun cuando la segunda autopsia parece afirmar que ninguno de los golpes recibidos por Matías, por sí solos, lo mataron, sin duda, todas las circunstancias mencionadas, juntas, condujeron a su muerte.
El incremento de la delincuencia joven es un problema mundial y multicausal. Contrarrestarlo requiere políticas integrales, intervención temprana y toma de decisiones.

Hay numerosa experiencia internacional exitosa en la materia. En Italia se dictó el año último la ley del niño y se implementó una amplia organización por municipios, habilitando, las veinticuatro horas, un número de escuelas e institutos por barrio para brindar actividades y contención a los niños y jóvenes. Se facilitó la acción de profesionales civiles, artistas, deportistas y hasta jubilados, quienes, por un pequeño sueldo, estaban dispuestos a donar su tiempo e integrarse a la acción solidaria.
El programa de Zonas de Riesgo, de Canadá; el Programa Joven, de Boston; el de Estrategia de Policía Comunitaria, de Indianápolis; Angeles Guardianes, de Amsterdam, etcétera, cada uno logró bajar en cifras importantes (hasta un 75%) el delito juvenil, implementando simultáneamente estrategias de prevención situacional: patrullaje y vigilancia por cámaras de los espacios públicos con programas sociales para los jóvenes y sus familias.

Está probado que se debe actuar sobre las causales socioeconómicas, asistenciales y educativas, al mismo tiempo que se actúa preventiva, disuasiva y punitivamente.

La baja en la edad de imputabilidad es una tendencia mundial, a medida que desciende la edad promedio y la incidencia de los menores en el delito, reconociendo el aspecto disuasivo y de inhabilitación que generan la posibilidad de ser detenido, juzgado y procesado efectivamente. Sin embargo, no puede reducirse una reforma integral de la ley del menor a la edad de imputabilidad, cuando hay numerosos aspectos que hacen al proceso, al tratamiento, a la forma de intervención del Estado sobre los jóvenes y sobre las familias, la separación de las causas penales de las asistenciales y tantos otros aspectos sin resolver.

Esto, sin hablar de lo que hace a la calidad de los Institutos de Menores, la ausencia de centros de tratamiento y de derivación que hace que muchas veces los menores estén en las cárceles con delincuentes comunes, y tantas otras postergaciones que reflejan un Estado ausente e insensible.
"Corrige al niño cuando aún pueda ser corregido", ya decían las Escrituras. Ante la crisis del grupo familiar constituido, primer contenedor afectivo del niño y parámetro referencial de conducta, es más imprescindible que nunca una política que abarque y garantice educación completa al 100% de los niños del país. Entre los menores que delinquen, un 62% no ha terminado el secundario y un 13%, el primario. Esta correlación entre el nivel de instrucción y la comisión de delitos es una evidencia más de que es insostenible que alrededor de setecientos mil chicos argentinos no asistan a la escuela y que el Estado no ejecute las políticas públicas específicas para la integración social de los ciudadanos, sobre todo de los más vulnerables. La verbalización de promesas incumplidas sólo agrava la creciente conflictividad de realidades que se imponen más allá de las distracciones momentáneas.

La muerte violenta de un joven es siempre un terrible fracaso de la sociedad, toda violencia lo es. Sus consecuencias se prolongan más allá de la circunstancia, degradando la convivencia en libertad, acrecentando la percepción del otro como posible enemigo, exacerbando conductas paranoicas y egoístas. Es hora de que los argentinos comprometamos la voluntad en la resolución de nuestros dilemas éticos y renovemos la mística del amor al prójimo y el cumplimiento de la ley, sobre las que se sostiene la civilidad.

El autor es diputado nacional (Pro) y presidente de Fundar - Seguridad y Justicia. Ha publicado Rehenes de la violencia y Mano justa