El secuestro y salvaje asesinato de la familia Mansilla a manos de un grupo de delincuentes ha conmocionado a la sociedad argentina.
Un crimen aberrante como éste no es simplemente imputable a la naturaleza humana en general- como pretende la presidenta- sino, más bien, se trata del último y fatídico acto de una serie de despropósitos y errores cometidos por aquéllos que integran el sistema que debiera de haberlo evitado.
La secuencia que condujo ante el brutal crimen pude reconstruirse facilmente: el juez de garantías excarceló a un asesino y violador de apellido Frenández; la policía no lo vigiló; el poder político no lo detectó, ni lo disuadió.
Las partes integrantes de lo que debiera ser una política integral de seguridad  actuaron torpe e irresponsablemente, con el agravante de impacto sobre la credibilidad y funcionamiento posterior del sistema,  que surge de la desprotección de los testigos, quedando la ciudadanía a merced de la venganza de los delincuentes.
Ante este colapso total de la seguridad pública en la Argentina, la bronca y el dolor nos llevan a preguntarnos: ¿ Cómo es posible que un juez haya dejado en libertad a semejante criminal? ¿ Cómo es posible que el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires haya afirmado que se trató de una “falla técnica” de una pulsera, y no de un fracaso total de la política del Ministerio que está a su cargo? ¿ Hásta cuándo los gobernantes se harán los distraídos?
La falta absoluta de sentido común y firmeza, la carencia de una verdadera política integral de seguridad, expresa  un  brutal deterioro de la calidad institucional, lo que se traduce en el vaciamiento de la credibilidad de una sociedad desportegida. ¡¿Hasta cuándo?!

                                                                      Constanza Guglielmi

                                           Instituto para la Seguridad Ciudadana

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